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DESPLEGADO PÚBLICO
DE CUAUHTÉMOC
CÁRDENAS
Diciembre 23, 1994


 

ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO
ABRIR LOS CAMINOS DE LA PAZ

El comunicado del EZLN fechado el 17 de diciembre abre nuevas expectativas de paz, que parecían ya canceladas cuando en octubre pasado se rompió la tregua que se había establecido desde enero.

En ese comunicado, el EZLN convoca a la Convención Nacional Democrática y a mi persona para que hagamos llegar a la sociedad sus condiciones para restablecer la tregua y así abrir de nueva cuenta la vía de las negociaciones con el gobierno y finalmente de la paz.

Las demandas que ahora plantea el EZLN para restablecer la tregua son demandas que otros sectores de la población, en lucha por sus derechos y conscientes de la grave situación que vive el país, han venido planteando ya y que con objetividad debieran resultar aceptables para el gobierno, primero, porque es de justicia y hay razón para ello, después, porque son, finalmente, exigencias mínimas para garantizar la paz del país.

No se trata de imponerse por imponerse o de exigir lo irrealizable, sino de reparar violaciones cometidas a los ciudadanos de Chiapas, Tabasco y Veracruz, que permitirían reencauzar la vida política de esas entidades en los marcos de la legalidad y, por el otro lado, reconocer como instancia válida de intermediación a la Comisión Nacional de Intermediación, cuyos integrantes cuentan con el respeto de la mayoría de la nación y tienen una reconocida autoridad moral, para que pueda seguir cumpliendo la alta misión que las partes en conflicto le habían conferido.

Pero para llegar a una solución de fondo, no basta con resolver los problemas políticos que hoy se viven en Chiapas (donde debe darse curso a un gobierno de transición decretando la desaparición de los poderes, reconociendo como gobernador a Amado Avendaño, promoviendo reformas democráticas a la legislación electoral y convocando a un congreso constituyente y a nuevas elecciones a finales de 1995, coincidiendo con las municipales), Tabasco (donde debe designarse un gobernador surgido de la sociedad civil, convocarse a nueva elección de gobernador y designarse consejos en los municipios con conflictos poselectorales) y Veracruz (donde deben respetarse los triunfos municipales que ahí se están reclamando), sino que además, el gobierno federal debiera desde ahora, sin mayores demoras, emprender acciones que condujeran a transformar las actuales condiciones sociales, políticas y económicos de Chiapas y sentar así las bases de una paz efectiva, en Chiapas y en toda la República.

Entre estas acciones, puede pensarse en las siguientes:

1.- Dar solución a los conflictos agrarios que se presentan por todo el estado, que se manifiestan principalmente en las tomas de más de 500 predios por campesinos solicitantes de tierra, aplicando con rectitud la legislación agraria, cuidando los intereses de todas las partes involucradas y disponiendo de recursos para la adquisición de tierras, cuando así resulte necesario.

En las conversaciones que se tuvieron en San Cristóbal de las Casas, la representación del gobierno propuso fraccionar los latifundios existentes en Chiapas a fin de fomentar la agricultura, ganadería, silvicultura y otras actividades económicas; determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación y ocupación de la propiedad privada; la protección de la propiedad e integridad de las tierras ejidales y comunales; establecer el procedimiento restitutorio que haga frente al despojo de tierras y aguas de las que hayan sido o sean titulares los pueblos o comunidades indígenas. Así podría procederse.

Además, considerando que sólo la entrega de la tierra no es suficiente, el gobierno debiera asumir compromiso público para que las tierras puestas en manos de los campesinos fueran habilitadas con crédito, se contara además con asistencia técnica y se pusieran en marcha programas de organización de productores, agroindustrias, y se establecieran mecanismos de comercialización que garantizaran precio justo y remunerativo para los productos de las comunidades indígenas y campesinas.

2.- Preparar las iniciativas de ley, tanto federales como estatales, que reconozcan los derechos de representación y participación de las poblaciones indígenas en las instancias de gobierno municipales, estatales y en su caso regionales; para la creación de nuevos municipios; así como de reconocimiento de nuevos derechos de las poblaciones indígenas, las comunidades y sus integrantes en los campos de la educación, la preservación y el fomento de sus lenguas, desarrollo de sus culturas y capacitación para el trabajo.

3.- Que el gobierno federal también comprometa públicamente los recursos necesarios para llevar a cabo en Chiapas y en particular en las regiones con poblaciones indígenas, programas de largo plazo en materia educativa (incluyendo programas de enseñanza en lenguas indígenas hasta el nivel de preparatoria, de capacitación y actualización para maestros, de construcción de escuelas, desde jardín de niños hasta secundarias y preparatorias en las comunidades más pobladas, de desayunos escolares y de dotación gratuita de libros a estudiantes de secundaria y preparatoria), de salud, caminos, servicios de agua doméstica, redes de drenaje, vivienda, electrificación, capacitación para el trabajo, en especial de mujeres y jóvenes.

4.- Comprometer igualmente recursos, en el largo plazo, para realizar proyectos de fomento económico (agrícolas, ganaderos, forestales, agroindustriales, de comercialización, transporte, etc.), que creen fuentes de ocupación y permitan elevar el ingreso de la población del estado, particularmente de las zonas y municipios con mayor población indígena.

5.- Otorgar las concesiones y facilitar la instalación de una red de radiodifusoras de las comunidades indígenas de Chiapas.

+ Si el gobierno diera estos pasos, estaría creando sin duda las condiciones para una más fácil negociación que condujera a la paz. Podría pensarse que al reanudarse las negociaciones y desde que se llegara a los primeros acuerdos, podría crearse una comisión a la que se responsabilizara de vigilar el cumplimiento, por ambas partes, de esos acuerdos. El gobierno de la República tiene la obligación de poner todo lo que esté de su parte para evitar la guerra, buscar los entendimientos necesarios y garantizar una paz estable, duradera y digna para todos.

 

México, D.F., 23 de diciembre de 1994.

 

CUAUHTEMOC CARDENAS

 

Responsable de la publicación:
Armando Machorro A.

 

Periódico LA JORNADA
24 de diciembre de 1994
Desplegado de Cuauhtémoc Cárdenas


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