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DISCURSO EN EL ZÓCALO
DEL PADRE DOMINICO
MIGUEL CONCHA MALO
Enero 12, 1994


ORADOR AL TÉRMINO DE LA
MARCHA POR LA PAZ

La situación de sufrimiento, dolor y muerte que padece la sociedad de Chiapas reclama de todos los integrantes de nuestra nación una respuesta adecuada. Nadie debe sentirse al margen de estos acontecimientos ni eludir su responsabilidad. El acto al que asistieron quiere ser expresión de esta conciencia y manifestación de una voluntad colectiva y plural para encontrar las mejores salidas y alternativas para todos.

Como ciudadano comprometido con la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestra patria desde una inspiración cristiana, y a título personal como hombre de Iglesia, asisto con convicción a esta marcha y concentración pública, de carácter unitario, respondiendo a la invitación que múltiples y variadas organizaciones de la sociedad civil han hecho, en este momento crucial de nuestro México, para dar testimonio explícito de nuestra voluntad activa y eficaz de paz, desde la perspectiva de los derechos humanos y con una actitud civilista.

Nuestro compromiso ha sido, es y será por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, la soberanía del pueblo, la democracia y la vigencia de un Estado justo y de derecho.

La sociedad civil, sus instituciones, sus organismos y movimientos reclaman urgentemente la paz, la participación para la solución pacífica y negociada del conflicto y la vida digna para todos, en particular para los indígenas y los campesinos.

Esta marcha expresa la voluntad ciudadana de búsqueda conjunta de caminos de paz y de justicia y es manifestación de compromisos.

En este momento crucial para nuestra patria todos queremos ardientemente la paz. Pero no una paz a cualquier precio, sino una paz verdadera, que nazca de la justicia para todos, del reconocimiento y respeto de todos los derechos humanos de todos. Una paz que requiere de la supresión de la violencia, pero también la supresión de sus causas.

Un análisis de los diferentes niveles de violencia que se han manifestado en estos días nos lleva a distinguir tres tipos: la violencia estructural, la que nace de la conculcación masiva y reiterada de los derechos humanos; la violencia de respuesta, que en estos momentos a todos nos preocupa y nos duele, y la violencia de represión, inadmisible por sus excesos y arbitrariedades.

La primera es la violencia que sufren a diario millones de compatriotas nuestros, que viven en condiciones de existencia infrahumanas, a quienes se niega el acceso a los satisfactores básicos de la vida, las oportunidades de trabajo, la participación en las decisiones que directamente les conciernen, y sobre quienes cae el peso de la crisis y de las soluciones implantadas hasta ahora para resolverlas. Es la violencia de un sistema de muerte a nivel internacional, con repercusiones directas entre nosotros.

En Chiapas esa violencia histórica y estructural ha llegado a agudizarse de manera extrema, hasta el punto de hacer que un estado muy rico en recursos sea hoy la entidad que tiene el primer lugar de pobreza en la nación y, a la vez, las autoridades que más frecuentemente han violado los derechos humanos en todo México.

Chiapas produce cerca de 60 por ciento de la electricidad de todo el país. Sin embargo, 34 por ciento de sus viviendas no gozan de servicio eléctrico; 60 por ciento de sus habitantes apenas puede sobrevivir con un salario mínimo o menos; 60 por ciento de los niños en edad escolar no pueden asistir a la escuela. De los 111 municipios del estado, 94 están clasificados oficialmente como de alta y muy alta marginalidad.

Si a esto se añaden las graves deficiencias en la procuración y administración de justicia para los indígenas y campesinos, muchos de los cuales han sido individual y colectivamente víctimas de violaciones a sus derechos humanos más fundamentales; si además se añade el tradicional y enorme rezago agrario, que los tiene a medio morir sin tierra, y la mortalidad por causa de la miseria, el hambre y las enfermedades que en otras entidades se han ido superando, es comprensible, aunque lamentable, que muchos indígenas hayan llegado al extremo de su paciencia y hayan optado por el camino de las armas. Ha sido el caldo de cultivo en el que han germinado las salidas violentas.

Si frente a esta violencia, el Estado llega a responder con la represión masiva y la violencia abusiva, mediante ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, aprehensiones ilegales e indiscriminadas y cateos sin órdenes judiciales, entonces las naciones entran en una peligrosa espiral, que resulta incontenible y de funestas consecuencias y termina por causar innumerables víctimas inocentes.

Esta situación se agrava cuando personas y grupos extremistas derivan hacia acciones terroristas como los atentados y las amenazas de ejecución, sobre todo contra los militantes de organismos de derechos humanos, los periodistas y los miembros de organizaciones civiles y populares.

El terrorismo es el que menos puede representar y hacer valer las causas nobles de la sociedad, y menos aun las de los indígenas y campesinos. Antes bien, constituye pública y bárbaramente su negación, su traición y su deslegitimación.

En México estamos aun a tiempo para frenar esa espiral de violencia que nadie desea. Pero eso requiere propiciar responsablemente entre todos, condiciones para encontrar una salida pacífica y no militar al conflicto. Eso sólo puede darse mediante el diálogo sincero, honrado y razonable.

Pero dialogar implica también reconocer la responsabilidad que en estos hechos todos tenemos: gobierno, autoridades regionales y locales, sociedad civil, grupos alzados en armas.

Si no reconocemos con actitud magnánima y responsable que todos nosotros estamos involucrados, el diálogo será infructuoso o será un diálogo de sordos que nos lleve nuevamente al endurecimiento y a la anarquía.

Los cambios en el gabinete de la República nos abren ciertamente una esperanza de que el gobierno federal quiere realmente asumir la parte de responsabilidad que le toca, por haberse equivocado, entre otras cosas, en la designación de funcionarios, o por haber elegido una línea que en vez de solucionar, agravaba el conflicto.

Factor fundamental en las actitudes dialogantes son los medios de comunicación y los analistas de los hechos. En esta ocasión queremos denunciar una actitud superficial, que nos parece irresponsable, o al menos poco seria, al señalar culpas y responsabilidades: se ha acusado a la Iglesia, a los extranjeros por el solo hecho de serlo, a la teología de la liberación y a los mismos organismos de derechos humanos, públicos y privados, como causantes de este movimiento armado.

No se han dado nombres ni pruebas de estas acusaciones. No pueden, porque en la inmensa mayoría de estos casos no los hay. Y sospechamos que lo que está detrás es la defensa de intereses particulares oscuros, que no soportan el señalamiento de situaciones de ancestral injusticia.

Los neoliberales ven, por ejemplo, muy bien a las iglesias cuando se dedican a curar a los heridos encontrados en el camino, por aplicar la parábola del buen samaritano. Pero cuando señalan los mecanismos que los han robado y herido, y procuran que no vuelvan a propiciarse esas situaciones, entonces ya resultan insoportables y contrarias a los programas de modernización.

Comprometerse responsable y eficazmente a solucionar por la vía del diálogo la situación de violencia existente implica necesariamente que nos comprometamos también a la supresión de sus causas. Todos sabemos qué quiere decir esto en Chiapas: llevar adelante una profunda reforma social, política, judicial y cultural, cuyo centro debe ser la solución de los problemas del uso y tenencia de la tierra, incluida por cierto la restitución a las comunidades indígenas que de ella han sido despojadas.

Se requiere también que exista representación política legítima. No puede sostenerse ya, en Chiapas ni en ningún lugar del país, el cacicazgo como sistema de control y de dominación. Es también indispensable un profundo, real, eficaz y congruente reconocimiento de la pluralidad étnica de esa región del país, de su incalculable valor para la solución de los problemas de nuestra patria y de su dignidad, que ha de ser reconocida por todos.

Ni en Chiapas ni en ningún lugar de México puede seguir aceptándose la discriminación.

En lo inmediato, es imprescindible reformar el sistema de procuración y administración de justicia en Chiapas, causante hoy de tantas humillaciones, oprobios, despojos y salidas desesperadas.

Pero estos cambios que hoy con fuerza se reclaman para el estado de Chiapas no serán posibles si se piensa que basta con convertir a esa región en una isla de reformas. Es necesario que todos avancemos de inmediato a la realización de cambios sociales urgentes en el país. La violencia que ahí se ha dado puede ser, desgraciadamente, un anticipo de lo que podría ocurrir en otras partes del país. No esperemos con los brazos cruzados un nuevo estallido para quejarnos después de la violencia y no saber ya qué hacer con ella.

Se requieren urgentemente reformas eficaces que combatan la pobreza. Se requiere actuar ciertamente en la política social que combate sus efectos, pero también es necesario erradicar sus causas. Y para ello es imprescindible introducir modificaciones a la actual política económica. No basta con paliar los síntomas; es indispensable remediar la enfermedad. Si se quieren asumir actitudes responsables, no se puede insistir en aplicar sin modificación alguna el modelo económico que ha empobrecido a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos.

Todo ello reclama un profundo compromiso para un amplio acuerdo nacional. Ha llegado la hora de que todos sumemos nuestros esfuerzos. La sociedad nos convoca a superar nuestros esfuerzos. La sociedad nos convoca a superar nuestros capillismos, cerrazones ideológicas y actitudes sectarias. Es el momento de la magnanimidad y la apertura. Estamos llamados a un acuerdo nacional para consolidar un verdadero estado de derecho, en libertad, en justicia, en democracia, con respeto a todos los derechos humanos.

Con este acto, la sociedad civil manifiesta su voluntad de participación constructiva; su capacidad de hacerse cargo de los asuntos públicos, entendidos como asuntos de todos y no sólo del gobierno; su adultez. Ya no reclama protección paternal, sino su derecho a desempeñarse como expresión activa y legítima de la ciudadanía.

Los nuevos cambios en el gabinete han generado expectativas de avanzar en la resolución pacífica del conflicto. Será necesario que los nuevos funcionarios se desempeñen con sensibilidad y capacidad para escuchar a los verdaderos afectados por la situación, estructural y coyuntural. Será necesario que actúen con verdadera vocación de Estado y responsabilidad como gobernantes.

Conscientes de nuestra responsabilidad y deseos de seguir participando en una solución pacífica, frente a los hechos de Chiapas y en las actuales circunstancias, hacemos a todos las siguientes demandas, peticiones y llamados:

1.- El cese inmediato de las hostilidades, ya que México no debe continuar en una situación de conflicto armado, de impredecibles consecuencias.

2.- El cese de los bombardeos, que lesionan gravemente la vida de muchas personas inocentes, su salud, su seguridad y destruyen sus escasas posesiones y medios de vida, y porque comprometen y afectan, quizás irreversiblemente, nuestro entorno ecológico. Nos sumamos al llamado urgente de múltiples organismos ecológicos y de derechos humanos para preservar escrupulosamente la naturaleza en el presente conflicto.

3.- Exigimos y nos comprometemos a mantener a toda costa el estado de derecho, tanto por parte de las autoridades federales y estatales, en particular de Chiapas, como por parte de la sociedad civil. Pensamos que en los actuales momentos la defensa del estado de derecho se garantiza con la apertura de espacios de diálogo y la búsqueda conjunta de alternativas y no por acciones autoritarias que tienden a endurecer posiciones.

4.- Exigimos y nos comprometemos en una solución pacífica y negociada del conflicto. ¡No a la guerra!, pero también ¡No a una salida militar!. Reconocemos el valioso paso que se ha dado estableciendo un comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas.

Creemos que con nobleza debemos colaborar y exigirle que tome en cuenta y haga partícipes a todos aquellos que, con responsabilidad, puedan contribuir a la paz.

En este sentido, respaldamos su llamado urgente al establecimiento de una tregua que posibilite el inicio del diálogo y las negociaciones, y nos alegramos porque hay indicios de que está llevándose a la práctica.

5.- Exigimos de las autoridades federales y locales, así como de todos los partidos y actores políticos, la realización de unos comicios pacíficos, limpios y transparentes, que devuelvan la confianza a toda la ciudadanía y respeten escrupulosamente la voluntad popular.

6.- Por parte de las fuerzas de seguridad pública, federales y de Chiapas, así como del Ejército Mexicano, pedimos que se mantengan en todo momento dentro de los márgenes de un estado de derecho y de la legalidad, y por ello exigimos la protección escrupulosa de la sociedad civil, de las comunidades indígenas y el respeto a los derechos humanos de todos, incluidos los mismos combatientes.

7.- No queremos que se repitan en México pesadillas ya pasadas que creíamos superadas y que hoy en día resultan absurdamente anacrónicas. Por ello exigimos el cese inmediato de ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales, de desapariciones e inhumaciones ilegales y clandestinas de cadáveres; de torturas y malos tratos, de detenciones ilegales y arbitrarias, de allanamientos y cateos sin órdenes judiciales y, en general, de toda arbitrariedad, abuso y cualquier acto que siembre el terror por parte de las autoridades.

8.- Rechazamos tajantemente y sin cortapisas los actos terroristas, vengan de donde vengan, y pedimos que, en este sentido, el EZLN continúe deslindándose expresa y públicamente con claridad de este tipo de acciones.

9.- Pedimos que mientras lamentablemente se desarrollen las hostilidades, se cumpla en todo momento con los Convenios de Ginebra para los casos de conflicto.

10.- Exigimos y nos comprometemos con el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos y al derecho a la información que tiene la sociedad en su conjunto. Seguimos exigiendo que se garanticen la vida, la integridad, la salud y las condiciones de acceso a los lugares de tensión, a que tienen derecho los profesionales de la comunicación destacados en las zonas de conflicto, para cumplir responsablemente con su trascendental misión.

11.- Siempre, pero más que nunca en los actuales momentos de nuestra patria, los comunicadores y sus empresas han de dar muestras claras de compromiso ético en el ejercicio de su profesión. Su labor constituye un servicio social, no un privilegio egoísta.

Por ello, debe informar siempre con autenticidad, objetividad y verdad, respetando la dignidad y los derechos de las personas, no propiciando las hostilidades y enfrentamientos entre personas, grupos y sectores; brindando la voz a todos sin distorsionar inexplicablemente sus puntos de vista y, peor aún, haciéndose eco de infundios y calumnias.

Ante los sucesos que hoy vivimos, pedimos urgentemente:

1.- Al gobierno federal, que reconozca el carácter de interlocutores válidos a los mexicanos que representen legítimamente al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

2.- Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que responda eficazmente cuando, como tal, sea convocado por el gobierno para una negociación seria y responsable que tienda a evitar mayores derramamientos de sangre.

3.- Al gobierno de la República y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que reconozcan expresa y públicamente a los obispos de Chiapas y en particular a don Samuel Ruiz García, obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, como agentes dinámicos, facilitadores del diálogo y testigos de calidad permanente en las negociaciones.

4.- Lamentamos profundamente los muertos y heridos de la población civil y de los mismos combatientes. Pedimos encarecidamente al Ejército que facilite la salida pacífica del conflicto, superando, por el bien de la Patria; superando, por el bien de la Patria, todo resentimiento.

Creemos que de este modo contribuye eficazmente, ahora, a la defensa del estado de derecho. Su labor histórica primordial consiste, en efecto, en salvaguardar la paz y la libertad del pueblo de México.

Convocamos a no politizar irresponsablemente al Ejército y a hacer todo esfuerzo porque se mantenga dentro de los márgenes de la legalidad.

5.- Hacemos un llamado urgente a todos nuestros compatriotas para que no se eximan de la responsabilidad que de diferentes maneras y en distintos grados a todos nos compete para preservar, lograr y consolidar en México la justicia, el respeto a todos los derechos humanos de todos, la democracia y la paz; en especial llamamos a quienes en México gozan de mejores condiciones y oportunidades económicas y políticas como personas, grupos, consorcios, instituciones, a no escatimar esfuerzos para establecer condiciones que garanticen la paz, una paz verdadera, una paz con justicia.

Es la hora de la conversión, la hora del jefe de publicanos, Zaqueo, que dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió a los que había esquilmado, cuatro veces lo que les había robado (Evangelio de San Lucas).

6.-Creemos que en esta coyuntura, entre otras cosas, se nos ofrece a todos la valiosa oportunidad de redescubrir y devolverle a los problemas económicos y políticos su imprescindible dimensión ética, tanto en su análisis como en sus soluciones.

Finalmente, convocamos a la sociedad civil a constituirse en una gran comisión de la verdad para que demos fe de lo que ocurra y del cumplimiento de nuestras distintas responsabilidades.

La ciudadanía aquí reunida expresa también la urgencia de un nuevo país, en el que seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre las necesidades sociales, la orientación de la economía, la urgencia de que las decisiones sean producto de la discusión real entre todos.

Para lograrlo es indispensable reintroducir en la economía y en la política mexicana un elemento que lleva ya bastante tiempo ausente: la ética. La ética del compromiso solidario con todo el país; la ética de la lucha contra las causas de la pobreza; la ética de las decisiones públicas tomadas y asumidas democráticamente; la ética del respeto a la diferencia cultural, en pie de igualdad. Lo que para muchos mexicanos es también la ética del amor eficaz.

 

 

Texto íntegro del discurso de Miguel Concha Malo, provincial mayor de la orden de los dominicos en México, orador principal al término de la Marcha por la Paz, en el Zócalo de la ciudad de México, el doce de enero de 1994. 


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