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POSICIÓN DE LOS
JESUITAS EN RELACIÓN
AL CONFLICTO
EN CHIAPAS
Enero 14, 1994


LOS JESUITAS DE MÉXICO ANTE
EL CONFLICTO EN EL ESTADO
DE CHIAPAS

Como jesuitas mexicanos, desde los criterios de nuestra fe en el Dios de la vida, no podemos permanecer indiferentes ante los acontecimientos recientes en el estado de Chiapas. La violencia que provoca pérdida de vidas humanas va en contra de los designios de este Dios en el que creemos. Sin embargo, la violencia en Chiapas no comienza con el brote armado del día primero de enero pasado. Una historia secular de despojos, atropellos, marginación y asesinatos, ha hecho víctimas a los pobladores pobres de ese estado, particularmente a los indígenas.

Es, quizá, la razón desesperada de los grupos indígenas la que ahora se manifiesta como contraviolencia armada. De manera que nuestro rechazo a la violencia si ha de ser justo, ha de atender a sus raíces. La primera y fundamental violencia por condenar es la violencia estructural --social, económica, política y cultural-- de la que han sido víctimas los grupos étnicos y los sectores populares de Chiapas y de gran parte del territorio nacional. No enfatizar esto sería soslayar el estado de cosas que ha dado origen a la actual confrontación.

El trabajo de la Compañía de Jesús en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, en comunión con su Pastor, ha buscado a lo largo de 35 años anunciar la Buena Noticia de Jesús y atemperar los lacerantes niveles de pobreza y de marginación de las comunidades indígenas. En este esfuerzo traducimos la opción central de la Compañía de Jesús: el servicio de la fe y la promoción de la justicia que la misma fe exige.

Compartimos este propósito con la Iglesia local; que ha procurado encauzar las luchas de los protagonistas indígenas por medios democráticos y pacíficos, abiertos a la mirada de toda la sociedad. Sin embargo, estos esfuerzos han sido frecuentemente rechazados y malinterpretados por los grupos regionales de poder y por algunas esferas del gobierno. Por eso tememos que en el futuro, personas y organizaciones no involucradas en el conflicto, puedan sufrir consecuencias del todo injustificadas, mal intencionadas y muy dolorosas.

Un primer paso en la solución del problema es el reconocimiento del enorme rezago que padecen los indígenas de Chiapas. Durante muchos años y en muy diversas formas, legales y de manifestación civil pública, los indígenas han buscado el diálogo demandando una respuesta eficiente a este rezago. Reconozcamos, pues, que el problema es esencialmente social y político, si bien se ha expresado ahora por vías violentas por la estrechez de los cauces legales.

Por esto mismo, una solución militar dejaría sin tocar las causas de fondo y no pondría las bases para avanzar hacia la concordia y la paz duraderas en ese estado. Es necesario abrir caminos de diálogo y de real concertación en condiciones aceptables para las partes involucradas.

Nos parece positivo que el Presidente Salinas haya expresado su voluntad de garantizar la plena vigencia del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos de la población civil y de los combatientes, así como proteger la vida y trabajo de los representantes de los medios informativos, para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho a estar debidamente informado.

Acciones como bombardeos aéreos, bloqueo a la información, dificultad de acceso a los organismos de Derechos Humanos y aislamiento de las comunidades indígenas, parecen contradecir la voluntad expresada por el Gobierno nacional para la solución política del conflicto.

Creemos que los acontecimientos de Chiapas son una llamada de atención a toda la conciencia nacional y una invitación a reflexionar sobre los riesgos de continuar con una política modernizadora que beneficia una élite en el poder, mientras que margina a las mayorías populares del país. Son también un llamado para que el gobierno tome en serio el camino de la democracia.

En consecuencia con lo anterior pedimos:

AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA: que en coherencia con las medidas políticas tomadas recientemente, establezca un cese al fuego inmediato y levante el estado de sitio que, de hecho, ha impuesto a cerca de 2,000 comunidades indígenas de Chiapas.

Consideramos que en este momento urge una voluntad política que inicie caminos para ir dejando el Instituto Federal Electoral (IFE) en manos de la sociedad civil.

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL: una posición clara y flexible que favorezca un diálogo de reconciliación con miras a lograr los cambios necesarios que lo llevaron a la decisión de levantarse en armas.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACION: que mantengan informados veraz y completamente a todos los ciudadanos. Hacemos un llamado especial a los medios televisivos para que, más allá de sus intereses económicos, comuniquen al país una imagen objetiva de los hechos.

A TODOS LOS CREYENTES: que como Iglesias en México realicemos la autocrítica necesaria de suerte que estemos más atentos a los dolores de nuestro pueblo, lo sepamos acompañar y encontrar, con él, caminos eficaces para lograr la justicia que merecen como hijos de Dios.

A TODOS LOS MEXICANOS: que abramos nuestra conciencia para superar el racismo que tenemos introyectado y aceptar a los indígenas como hermanos, hijos de un mismo Padre y como integrantes de la comunidad nacional, con idéntica dignidad y derechos.

 

JOSE MORALES OROZCO, S.J. Provincial.

 

Desplegado de los jesuitas de México sobre el conflicto en Chiapas, publicado por el periódico EL OCCIDENTAL de Guadalajara, el catorce de enero de 1994. 


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