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COMUNICADO DE PRENSA
DE LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA No. 18
Enero 15, 1994


A últimas fechas diversos medios de difusión y particularmente organizaciones privadas, tanto nacionales como extranjeras, llamadas defensoras de los derechos humanos, han acusado al Ejército Mexicano de diversos actos violatorios en contra de los derechos humanos, en Chiapas.

Tales acusaciones las rechaza la Secretaría de la Defensa Nacional, por considerarlas falsas, estimándose que únicamente se basan en simples rumores, supuestos y actitud amarillista de quienes han propalado tales infundios, que lejos de contribuir en la solución del conflicto, producen confusión y desorientación en la opinión pública.

Es tan manifiesta la actitud dolosa de estas acusaciones hacia el Ejército y la Fuerza Aérea, que en ningún caso ni se recuerda que fueron ellos, los agresores, quienes iniciaron los enfrentamientos al atacar en forma directa las instalaciones del Cuartel General de la 31/a. Zona Militar, ubicada en Rancho Nuevo, cerca de San Cristóbal de las Casas (hasta ese momento el personal militar se había mantenido en una situación de alerta y prevención), ni se inculpa a los transgresores; como si las acciones por ellos realizadas, y de las cuales la opinión pública conoce a través de los medios de comunicación tanto escritos como radiofónicos y televisivos, no constituyesen violaciones flagrantes a los derechos humanos de la población chiapaneca.

Quizás para ellos sí sean justificables los asesinatos de 24 elementos de los cuerpos de Seguridad Pública y Policía Judicial, así como 31 heridos y más de 100 desaparecidos de la población civil, como los grupos de transgresores mismos lo han manifestado expresamente en sus comunicados a la opinión pública, además del encarcelamiento de policías; la ocupación y destrucción de edificios públicos en San Cristóbal de las Casas, Altamirano y Ocosingo, entre otras; la privación de la libertad de tránsito y sometimiento mediante el terror de las poblaciones por ellos ocupadas; del ocultamiento de transgresores muertos y muy probablemente de su inhumación clandestina; los hostigamientos constantes a que son sujetas las poblaciones, entre otros muchos atentados a los derechos elementales de los habitantes de la región.

Es menester señalar que desde el mismo inicio de las operaciones en Chiapas, hizo acto de presencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que reviste la máxima autoridad moral en el país.

Dentro de las limitaciones que impone el conflicto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se ha tratado de propiciar las mayores facilidades en el intenso trabajo que ha desarrollado en la región para preservar a la población en general de cualquier trato indigno, permitiéndoles en todo momento el cumplimiento de su elevada misión y dispuestos al esclarecimiento de cualquier duda respecto a la actuación del personal militar.

En todo momento el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos han actuado conforme a derecho, ya que en el caso de los transgresores que han resultado muertos, se ha hecho del conocimiento de las autoridades civiles y éstas han hecho públicos los dictámenes periciales; en cuanto a los transgresores detenidos, estos han sido entregados a las autoridades judiciales, mismas que han procedido a su consignación.

Ha quedado claro que la participación inicial del Ejército estuvo plenamente justificada, al haberse respondido a un ataque violento contra las instalaciones militares de Rancho Nuevo y a la demanda de auxilio por parte del gobierno del estado de Chiapas y posteriormente, debido a las reiteradas agresiones armadas a las tropas que se han sucedido en los días subsiguientes.

Igualmente, la acción del Ejército en principio se limitó al aislamiento del área de operaciones y a la desocupación de las poblaciones que habían sido tomadas por los agresores, con el objeto de permitir a sus habitantes retornar a un clima de tranquilidad.

Simultáneamente a las actividades militares propiamente dichas, nuestras tropas han trabajado intensamente en aliviar las carencias que sufre la población, a través de la distribución de despensas alimenticias, cobertores, calzado, agua y atención médica.

Asimismo, se ha evacuado a numerosas personas a lugares seguros o a donde ellas han estimado pertinente.

La Secretaría de la Defensa Nacional reitera una vez más a la opinión pública, que la actuación de las tropas está y estará encaminada en todo momento a respetar la integridad física y moral de la población, a pesar de que existen intereses que se empeñan en desvirtuar la verdadera imagen del instituto armado.

 

 

Secretaría de la Defensa Nacional
Boletín de Prensa número dieciocho
15 de enero de 1994
    

 


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