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SEXTO INFORME DE
GOBIERNO DEL PRESIDENTE
CARLOS SALINAS
(EXTRACTO)
Noviembre 1, 1994


El primero de enero un grupo armado atacó cuatro cabeceras municipales en Chiapas y el cuartel del Ejército Mexicano en Rancho Nuevo.

Fallas en la información política, deficiencias en la respuesta social y política de las autoridades locales y también, hay que decirlo, un cuidado excesivo durante los meses anteriores en no emprender acciones preventivas de seguridad en una zona tensada por viejos y nuevos conflictos sociales, étnicos y religiosos, hicieron posible que sorprendiera al país --y también lo entristeciera-- esta irrupción violenta en el inicio del año.

El conflicto armado que surgió en la selva de Chiapas tiene rasgos singulares. Se dio en una zona de población reciente, en su gran mayoría de indígenas que habían migrado desde Los Altos durante los dos decenios anteriores, buscando colonizar nuevas tierras y dejando atrás tradiciones y comunidad.

Es una zona geográficamente aislada, con cerca de mil habitantes dispersos en pequeñas comunidades y que, además, coincide con la diócesis correspondiente.

Colinda con una región donde la guerrilla centroamericana ha operado durante 35 años; pertenece la mayor parte al municipio de Ocosingo, el segundo más extenso del país, donde la simple distancia entre la cabecera y los centros de población significa, en ocasiones, días de traslado por veredas, cañadas y montañas, y se transforma en lejanía entre la autoridad y las comunidades.

Existen añejas desigualdades, caciquismos locales, viejas tensiones incubadas por años, quizá siglos, de abandono, agravio y maltrato a los indígenas.

De manera paradójica, Chiapas es el estado de la República que más apoyo federal ha recibido en estos años de la administración --1,000% más que en 1989.

En salud, en educación, en electrificación y agua potable, en apoyos a la producción y a los grupos indígenas, en esquemas novedosos de financiamiento para compras de tierras, en caminos y carreteras, Chiapas ha sido notablemente apoyado entre los estados de la República.

Sus rezagos así lo justificaban y lo siguen haciendo. Más del 8% del presupuesto de Solidaridad se destina a Chiapas, que sólo tiene un poco más del 3% de la población nacional.

A partir de agosto de 1993 se inició un programa social especial, con recursos adicionales, para la región de la selva y la de Los Altos. Todo este gran esfuerzo abrió esperanzas en el estado, pero no fue suficiente.

Por un lado avanzaban las expectativas de cambio y por el otro persistían rezagos, rigideces y fracturas.

Todos los aspectos anteriores pueden invocarse como causas sociales del conflicto, pero no son suficientes para explicar el movimiento.

Con el rezago social de la zona, confluyó el trabajo de un grupo armado y entrenado, con dirigentes locales y foráneos, y con un claro proyecto político, antagónico al institucional.

Si la sola pobreza provocara levantamientos, otras regiones del país y gran parte de la humanidad que vive en condiciones similares o peores estarían en revuelta permanente. No, la pobreza en sí no explica la violencia armada.

Se trata, y este es un hecho importante, del primer levantamiento armado surgido después del final de la guerra fría.

Antes, cualquier movimiento de esta naturaleza se ubicaba en el contexto del conflicto este-oeste y, frente a los riesgos de una confrontación nuclear bipolar, la respuesta de los países afectados siempre fue la misma: el aniquilamiento a cualquier costo y con la menor difusión posible.

Esos términos de referencia han cambiado. Ya no puede pensarse en un movimiento de esa índole como secuela de la lucha bipolar. Las respuestas pueden entonces ser distintas y acordes con las sensibilidades políticas nacionales.

El levantamiento de Chiapas no careció, sin embargo, de una clara intención internacional. Fue iniciado el día de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo debate había acaparado la atención mundial.

Sucedió tras la celebración del quinto centenario del encuentro entre dos mundos, evento que revaloró el interés por lo indígena en los encontrados sentimientos del Viejo Continente.

Finalmente, se movilizó, escudándose en el nombre más popular y noble de las luchas sociales en México, el del zapatismo.

Con un diseño llamativo y una estrategia de difusión que amplió su resonancia, el grupo armado buscó rápidamente vincularse a medios de comunicación dentro y fuera del país y a movimientos sociales urbanos, en especial en la capital de la República, donde inicialmente tuvo una cierta acogida.

La respuesta del gobierno tenía que ser diferente, diferente a la manera como se habían enfrentado situaciones parecidas en otros países, y también diferente a como se enfrentó en México en el pasado.

Primero, en unos días, el Ejército Mexicano rechazó el ataque a sus instalaciones, disolvió los contingentes ubicados en las cabeceras municipales, forzó el repliegue del grupo armado hacia la selva, estableció un cerco y contuvo la amenaza.

Constitucionalmente, es obligación del gobierno guardar y hacer guardar la paz interna y pública del país.

A partir de este momento, decidimos no optar por la persecupción del grupo dentro del territorio de la selva, en busca de su aniquilamiento; eso hubiera dañado la vida misma de las comunidades y hubiera sido incompatible con nuestros valores.

Además, hubiera sido ceder a la provocación del grupo armado que buscaba, con la violencia generalizada, el descrédito de nuestras fuerzas armadas, la repulsa social en el resto del país, el aislamiento internacional de México y un escenario de tensión política que pusiera en riesgo la realización de los comicios federales.

Lo que debemos al Ejército Mexicano por el éxito de la acción militar debe medirse por las vidas mexicanas no perdidas y las opciones políticas que su acción hizo posibles. Mi reconocimiento permanente está con ellos.

Gracias a su efectiva intervención, a sólo diez días de iniciado el conflicto, el gobierno pudo tomar decisiones que, en otras latitudes y frente a conflictos similares, han requerido años para gestarse.

Nosotros, por así decirlo, empezamos por el final. Ordené el cese unilateral del fuego por parte del Ejército Mexicano, designé un Comisionado para la paz y se promovió la amnistía ante el Congreso de la Unión, aprobada por todos los partidos políticos.

Se fortalecieron, además, las acciones sociales inmediatas en la región y se buscó el diálogo político para encontrar una solución negociada al conflicto.

El resultado fue un amplio respaldo social a la iniciativa de paz, que elevó considerablemente el costo político del recurso de la violencia por parte del grupo armado.

En lugar de endurecerse y de reducir el ejercicio de libertades, el gobierno las protegió plenamente. Garantizó los derechos fundamentales de libre expresión y libre tránsito, de reunión, petición y manifestación.

Hicimos nuestro mayor esfuerzo por evitar nuevos episodios violentos en esa zona y por dirimir las diferencias por la vía del diálogo.

Con voluntad de paz y dentro de las instituciones no hay límites para debatir en el foro de las ideas --no con el uso de las armas-- las razones y la dirección del cambio.

Pero la decisión de la mayoría no puede violentarse en aras de una "libertad" que ignora libertades y una "democracia" que menosprecia a los electores.

La democracia no es un lema del que pueda apropiarse un grupo armado; es un proceso nacional que se dirime, y así se ha comprobado, en el marco de la legalidad y de las instituciones.

En cumplimiento de las legítimas demandas sociales planteadas en las negociaciones de San Cristóbal se dio una inversión adicional extraordinaria para aminorar las presiones por la posesión de tierras de cultivo, para establecer servicios y resarcir a los miles de chiapanecos desplazados de los daños que la violencia les causó.

A pesar de lo hecho hasta ahora, más se necesita y por eso el esfuerzo continúa; pero seguirá siendo insuficiente mientras no haya paz en la zona y mientras no se cumpla la ley en el estado.

Sólo condiciones de respeto, tolerancia y legalidad permitirán que en lugar de divisiones, las comunidades violentadas cosechen unidad y armonía para lograr la justicia que demandan y a la que, desde luego, tienen derecho.

Reitero que transformar la confrontación armada de los primeros días de enero en una negociación política desde fines de ese mismo mes no fue una respuesta usual en la historia del continente, pero era la única acorde con los esfuerzos de modernización que hemos realizado los mexicanos.

Requirió de flexibilidad, de prudencia y de atención concentrada. La prioridad era evitar la expansión del conflicto a otras regiones del país, que pudiese impedir la celebración de las elecciones federales.

El conflicto no está resuelto, está acotado. Se mantiene el cese al fuego, se detuvo la violencia, se evitó la pretensión de internacionalizarlo, se realizó el proceso electoral chiapaneco en toda la entidad y se avanza en la solución de los problemas de fondo.

Hago aquí, ante la Representación de la Nación, un nuevo llamado al diálogo, a negociar términos para convertir el conflicto en programa de soluciones, en respeto, civilidad y progreso.

Esto es lo que desean los mexicanos. Hasta el final de mi mandato seguiré empeñado en promover una paz digna para esa zona de Chiapas.

 

 

Sexto Informe de Gobierno
Presidente Carlos Salinas de Gortari
1o. de noviembre de 1994
(Extracto)


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