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RENUNCIA JORGE MADRAZO
COMO COMISIONADO
PARA LA PAZ EN CHIAPAS
Noviembre 28, 1994


CHIAPAS: UNA VISIÓN, UNA EXPERIENCIA,
UNA ESPERANZA
Por Jorge Madrazo

El día de hoy, al vencerse el término de la licencia que me fue conferida por el Senado de la República y por el Consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para separarme de mi cargo y durante cinco meses desempeñar la función de comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, me permito expresar que con esta misma fecha me he reincorporado plenamente a las tareas propias de la presidencia de la CNDH.

Hago propicia esta oportunidad para dejar testimonio ante la opinión pública de lo que como comisionado para la paz realicé, intenté e imaginé, a fin de que en la sociedad quede registro de ello.

He intitulado este documento "Chiapas: una visión, una experiencia, una esperanza", porque su contenido es precisamente lo que refiere. Desde luego, no es la única visión, la única experiencia, ni la única esperanza, pero sí son las mías, en ellas creo profundamente.

Este documento que presento a título personal y que, por tanto, no vincula, involucra ni compromete a nadie más que al suscrito, pretende contribuir al análisis que la sociedad hace del proceso de paz y del conflicto chiapaneco en sí mismo.

Las siguientes reflexiones se basan en tres ejes principales: mi vocación indeclinable por el derecho y la justicia; mi irrenunciable convicción por la paz y por la negociación como forma de solución de los conflictos, y mi compromiso con la búsqueda de fórmulas de innovación de la vida democrática mexicana, significadas por la participación incluyente de toda la ciudadanía.

Desde el arranque mismo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en junio de 1990, el estado de Chiapas se distinguió por ser una de las fuentes más importantes de quejas y denuncias para ser atendidas por la entonces recientemente creada CNDH.

No sólo la frecuencia, sino fundamentalmente la gravedad de las denuncias de violaciones a derechos humanos, colocaron a esta entidad federativa como una de las preocupaciones centrales dentro del ámbito de los estados de la Federación.

En mayo de 1993, una queja presentada por la Unión de Uniones Ejidales y Sociedades Campesinas de Producción Rural (ARIC), sobre presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por efectivos del Ejército Mexicano, en la zona de Patathé viejo, Chiapas, nos acercó por primera vez al conflicto armado que estallaría el 1 de enero siguiente.

Ocho indígenas chiapanecos pertenecientes a la ARIC y dos guatemaltecos que se dedicaban a la venta de ropa en la región habían sido detenidos por efectivos del Ejército Mexicano, puestos a disposición del Ministerio Público Federal y posteriormente de un juez de distrito, acusados de los delitos de homicidio, lesiones, portación de arma prohibida y traición a la patria.

Los días 22 y 23 de mayo de 1993 había ocurrido un enfrentamiento entre fuerzas del Ejército Mexicano y un grupo armado en las zonas aledañas a los poblados de Laguna del Carmen Patathé y del ejido La Garrucha, municipio de Ocosingo, producto del cual resultaron un guerrillero y un soldado muertos, otros dos heridos y diez personas detenidas por el Ejército Mexicano, precisamente las que se refieren en el párrafo anterior.

El 1 de enero de 1994 sabríamos que el grupo armado con el que se dio el enfrentamiento se autodenominaría públicamente Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Sabíamos que ahí estaban; que se entrenaban; que poseían organización, disciplina militar y armamento. Lo que entonces no sabíamos era que irrumpirían en la vida nacional como lo hicieron el 1 de enero.

Ante el hallazgo del grupo armado, se determinó combatir más aceleradamente la pobreza y la marginación en el área, mediante programas de atención, inversión y desarrollo que, en agosto de 1993, puso en marcha el entonces secretario de Desarrollo Social.

De esta forma, se buscaba atacar las causas sociales del movimiento. El tiempo ya no dio: muchos años de organización y entrenamiento del grupo armado hicieron imposible el éxito de la estrategia de inversión y desarrollo social.

Debo decir que los detenidos por el enfrentamiento de mayo de 1993 fueron exonerados de los cargos que se les imputaron. Muy pronto fueron excarcelados cinco de ellos y más tarde, mediante la recomendación 62/94 de la CNDH, los cinco restantes.

II

Después de los primeros días de combates llegué a San Cristóbal de las Casas junto con el equipo inicial de trabajo de la CNDH, precisamente el día 5 de enero, con la encomienda de atender directamente las quejas por violaciones a derechos humanos que se estaban haciendo del conocimiento de la opinión pública, así como apoyar a la población civil que estaba resultando dañada a causa de los enfrentamientos.

Se trataba de un hecho sin precedentes: el "ombudsman" debía trabajar paralelamente a los hechos de armas. Durante las primeras noches llegaban hasta nuestros cuartos de hotel, en San Cristóbal, los ecos de explosiones y detonaciones.

Inmediatamente el personal de la Comisión Nacional practicó las primeras autopsias; atendió lesionados; entrevistó detenidos; tramitó la instalación de albergues e inició la búsqueda de personas reportadas como ausentes y desaparecidas, mismas que aumentaban cada día.

El trabajo crecía cotidianamente y, junto con él, la crítica de varias ONG que se mostraban insensibles al balance que debíamos conseguir entre desplegar la ayuda humanitaria, la protección de los derechos de los civiles y, todo ello, sin exacerbar los ánimos de los enfrentados; sobre todo cuando se vislumbraba la posibilidad de un cese del fuego y después para no permitir que éste se rompiera.

Todo este tiempo admiré y me conmoví ante la valentía, la templanza y la dedicación de los hombres y mujeres de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que con toda convicción abrazaron esta inédita tarea.

De manera constante visité los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas hasta el mes de marzo, cuando se instaló definitivamente la Coordinación de la CNDH para Los Altos y la Selva de Chiapas. Todavía existen varias quejas que no han podido quedar totalmente resueltas.

Con el tiempo y más objetividad, estoy seguro, se valorará mejor la tarea desempeñada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este doloroso episodio de la vida nacional que, infortunadamente, no ha concluido.

III

El 12 de junio, el EZLN haría público su rechazo a las propuestas de paz del gobierno, formuladas en San Cristóbal de las Casas. Unos cuantos días después, el comisionado para la paz renunciaba y la instancia negociadora del gobierno quedaba acéfala y sin acuerdos concretos de pacificación.

Inicié la tarde del lunes 20 de junio con una llamada del señor Presidente de la República. Me comentó que en algunos círculos se había mencionado mi nombre para asumir la responsabilidad de fungir como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas; auscultaba entonces mi opinión para ser considerado, junto con otros nombres, para asumir esa delicada función.

No obstante lo inesperado y sorpresivo de la noticia, contesté inmediatamente que, si a su juicio yo podía servir a mi país en esa tarea, podía contar entusiasmadamente conmigo. Quedó en hacerme saber el resultado. El jueves 23 de junio llegó la noticia confirmándose el nombramiento y ese mismo día se hizo del conocimiento de la opinión pública.

Como la tarea requería de una dedicación exclusiva y de tiempo supercompleto, determiné solicitar una licencia por un tiempo máximo de cinco meses, contados a partir del 28 de junio, para separarme del cargo de presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El Consejo de la CNDH y el Senado de la República autorizaron la licencia con el carácter de única e improrrogable.

La primera entrevista con el señor mediador, el obispo don Samuel ruiz García, tuvo lugar dentro de un automóvil, en la lateral del Paseo de la Reforma en la ciudad de México, enmedio de un gran alboroto popular enmarcado en los festejos por el resultado del partido de fútbol de la Selección Mexicana contra el equipo de Italia, el día 24 de junio.

Las circunstancias de la plática hicieron que ésta fuera necesariamente breve; hablamos con sinceridad y nos pusimos de acuerdo para vernos en San Cristóbal de las Casas, a su regreso de un rápido viaje que él debía hacer a Roma.

Muy pronto se dio la primera entrevista formal en la catedral de San Cristóbal con el obispo y su equipo de trabajo.

El día 1 de julio envié el primer comunicado oficial al CCRI del EZLN, específicamente al subcomandante Marcos.

Le informé de mi designación y le solicité que a la brevedad pudiéramos encontrarnos a fin de intercambiar opiniones personalmente sobre las formas y términos para reiniciar formalmente el diálogo.

Al subcomandante Marcos le envié un total de 12 comunicados en los que reiteradamente solicité un diálogo directo para avanzar en el proceso de paz.

La respuesta en este aspecto, en el mejor de los casos, fue de silencio, cuando no una rotunda negativa.

Muy probablemente los resultados hubieran sido mejores si directamente se hubieran intercambiado opiniones. Son muchas las limitaciones de un diálogo puramente epistolar.

Con don Samuel y su equipo el trato siempre fue de respeto, a pesar que en muchas cuestiones no estuvimos de acuerdo.

Personalmente le he comentado que una de las debilidades de la mediación fue, precisamente, no haber sido más enfático en la búsqueda del diálogo directo que solicité al CCRI del EZLN.

Siempre busqué apoyar al mediador porque esa era una forma de apoyar mi propio trabajo. Muchas veces salí en su defensa cuando los ataques en su contra proliferaban. En esta lucha identificamos a adversarios comunes, y esto fortaleció nuestra relación.

La instancia del comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas, con su estructura, métodos y estrategias, estaba hecha para Manuel Camacho Solís.

En ella se ventilaron no sólo los pasos para llegar al importante diálogo de San Cristóbal sino, también, las secuelas del proceso de la sucesión presidencial, mismos que la sociedad mexicana conoce.

El trabajo del comisionado había tenido enorme presencia y peso dentro de la opinión pública nacional.

No fue fácil montarse en esa estructura y, al propio tiempo, darle un perfil distinto, pues muy diferentes son los perfiles de Camacho y el mío, así como la forma con la que cada uno asumió su representación.

A partir del 23 de junio la estrategia sería concentrarse en la relación con el EZLN y la mediación; fortalecer el cese del fuego; buscar incidir en conflictos periféricos chiapanecos para favorecer el clima para el diálogo, pero respetando puntualmente los espacios para el trabajo del gobernador y de las demás instancias de la administración local.

Debo decir que todo este tiempo he trabajado en Chiapas con un reducido equipo de colaboradores, emanado fundamentalmente de la CNDH. En total hemos sido ocho personas. Aprovecho la oportunidad para dejarles el testimonio de mi agradecimiento.

IV

La agenda para los primeros días estaba delineada: buscar que en la zona de conflicto pudieran llevarse a cabo las elecciones federales y locales; participar en la solución de los principales problemas que generaban intranquilidad a fin de facilitar el diálogo, y llevar éste a cabo a la brevedad posible.

La primera respuesta del EZLN fue en el sentido de saludar mi designación e invitarme a trabajar en el ámbito de la distensión y la solución de los conflictos periféricos. No hubo respuesta a la invitación al diálogo.

En ese momento toda la atención del EZLN estaba puesta en la realización de la primera sesión de la llamada Convención Nacional Democrática, a realizarse los días 6, 7 y 8 de agosto en San Cristóbal de las Casas y en un sitio dentro del área de conflicto denominado "Aguascalientes".

Dentro de los problemas periféricos, al conflicto chamula le dedicamos importantes esfuerzos. El problema lo conocí a fondo desde la CNDH y su recomendación para encararlo estaba formulada desde el mes de abril de 1994.

Para mí no había más solución a este conflicto, por esos días pasando por una de sus varias etapas críticas con el aumento de los expulsados y la violencia correspondiente, que el cabal cumplimiento de la recomendación.

Colaboramos para que se diera un primer acercamiento entre las partes, mediamos en su diálogo, hicimos un primer proyecto de acuerdos, pero la falta de seguimiento al problema por las instancias locales no permitió alcanzar resultados concretos.

El presidente del Congreso del estado se ha empeñado en ser un obstáculo permanente para llegar a acuerdos definitivos. En un clima no exento de violencia los expulsados han regresado, pero ni la recomendación ha sido cumplida ni la concordia anhelada se ha logrado.

Enseguida vino la realización de la CND. La presencia de 6 mil personas en San Cristóbal y su tránsito hacia "Aguascalientes" representaba un serio problema. Nos empeñamos en asegurar que la celebración de este acto no hiciera surgir nuevas controversias y desencuentros dentro de un clima francamente álgido.

Esta era una forma de evitarnos más problemas para cumplir la encomienda que se nos había dado. El Ejército Mexicano fue particularmente cuidadoso de cumplir con su obligación en un marco de distensión. Nuestro Ejército montó un operativo altamente respetuoso y realizado con éxito.

Paralelamente, el trabajo para poder realizar las elecciones en la zona de conflicto, y que de esa manera el proceso electoral se verificara en todo el territorio de la República, era intenso, arduo y difícil. La mediación realizó un trabajo sobresaliente.

En los marcos del Cofipe y de la ley electoral del estado encontramos las fórmulas jurídicas para los acuerdos políticos y, con la participación de la sociedad civil, las elecciones pudieron llevarse a cabo.

Reconozco el esfuerzo de quienes participaron en su realización. Creo haber cumplido cabalmente con ese encargo específico.

Cuando pensamos finalmente que se acercaban los tiempos para poder abordar directamente los 32 puntos de los compromisos político-sociales que habían quedado sin solución después de los diálogos de San Cristóbal, el conflicto poselectoral despuntó y se ha venido agudizando día con día.

A las propuestas hechas al EZLN para dialogar sobre la cuestión indígena, las reformas sociales y la nueva Constitución para Chiapas, se nos respondió en un mensaje oral, a través de la mediación, que debíamos presentar un proyecto de agenda "coherente", es decir, que entre otros aspectos necesariamente debía pasar por la solución del conflicto poselectoral relacionado con los comicios para gobernador del estado.

A mi modo de ver, en este conflicto poselectoral aparecen dos elementos básicos. Por una parte,la velocidad con la que se llevó a cabo el proceso de calificación electoral y la declaración de gobernador electo y, por la otra, la ausencia de presentación formal y legal de los recursos de impugnación por la oposición.

Ciertamente, de un lado no existió la suficiente sensibilidad para darle a los plazos electorales su máxima elasticidad y poder recoger y resolver de esa manera todas las inconformidades, visto que se trataba de unas elecciones en el territorio de una entidad federativa en la cual pocos meses antes había estallado un conflicto armado.

Por el otro lado, existió desorganización entre los miembros de la oposición, y no presentaron los recursos dentro de los tiempos establecidos por la ley, ley con la cual aceptaron participar en el proceso electoral y, por ende, se impusieron de esas reglas del juego.

La entonces colisión de intereses de los dirigentes del PRD en Chiapas con las de su candidato a la gubernatura y su grupo, se hicieron más que patentes en esta fase decisiva del proceso comicial.

Respecto de este mismo conflicto poselectoral, vale decir nuevamente que no ha cabido la prudencia para encauzarlo y resolverlo.

Mientras el PRI local se cobija en una declaratoria que formalmente tiene todos los requisitos de la ley pero que no ofrece respuestas políticas al conflicto, los opositores, mucho tiempo después, ofrecen con espectacularidad un conjunto de evidencias de un "fraude electoral", que no tiene el suficiente fundamento jurídico.

Las posiciones se hacen más inflexibles mientras las acciones de la llamada resistencia civil se multiplican y se hacen más hondas y peligrosas: tomas de tierras, declaraciones de autonomías regionales, insurgencia municipal, bloqueos carreteros, boicot al pago de impuestos, secuestros, homicidios y muchas acciones más que la opinión pública conoce.

De otro lado, el día 10 de octubre el EZLN anuncia el rompimiento unilateral del diálogo con el gobierno federal, diálogo que en la etapa que a mí me ha correspondido atender sólo ha sido epistolar, y la mediación promueve su iniciativa para un nuevo diálogo, la que nunca fue conversada previamente con el gobierno federal.

Al responder a la iniciativa del obispo, jamás mencioné algo susceptible de ser interpretado como un ultimátum. Estoy convencido de que en los esfuerzos por la paz no caben los ultimátums.

Lo que señalé fueron fórmulas para avanzar en la distensión que, a mi modo de ver, podrían surgir del EZLN, mediante acciones que se correspondieran con las exigencias que la mediación hacía al gobierno de la República.

Contra viento y marea, durante las últimas semanas hicimos esfuerzos para aliviar la situación dentro de la zona de conflicto y su periferia; campamentos de observación en las zonas francas que, recientemente, han sido hostigados por grupos de ganaderos armados; presencia en los retenes del Ejército Mexicano, de personal de derechos humanos; creación de una Comisión de Información y Análisis; solicitud a la Cruz Roja Internacional para cubrir también la cañada de Altamirano; apoyo a los desplazados; investigación sobre denuncias hechas públicas por el EZLN; ofrecimiento permanente de diálogo con un lenguaje propio de quien busca la paz, etc.

Los resultados primarios de estos ejercicios se perciben en las filas del Ejército Mexicano, que ahora, además de que se les declaró la guerra, se les atacó y se les amenaza a diario, se sienten observados y vigilados por personal de las comisiones de Derechos Humanos en movimientos que, muchas veces, pudieran ser simplemente defensivos.

Es lógico que haya tensión en sus filas. A pesar de esta reacción, natural hasta cierto punto, creo que en alguna medida las acciones de distensión descritas han resultado positivas.

V

No hemos permanecido impasibles ante la agudización del conflicto poselectoral en Chiapas. Hemos hecho llamados y sugerencias que, desafortunadamente, no tuvieron la respuesta que esperábamos; pero nunca se dejó de insistir.

Durante los últimos días formulamos un conjunto de reflexiones e ideas para intentar avanzar en la solución del conflicto de fondo con el EZLN, dentro del cual se pudiera resolver la controversia poselectoral.

Pero mucho más allá de estos dos aspectos, la iniciativa pretendió resolver el gran problema de Chiapas, que es el del acelerado deterioro del tejido social que, en gran medida, es producto de la acumulación de injusticias formales y sociales, discriminación, abandono, insensibilidad de los gobernantes locales, todo ello exacerbado en el contexto del conflicto armado estallado el primero de enero de 1994.

La iniciativa no pudo formalizarse debido, entre otras cosas, al agotamiento de los términos que impidió generar los consensos indispensables; a que a la mediación y a su grupo de intermediación no le pareció realmente viable y también, por qué no decirlo, a lo audaz e inédito de sus contenidos.

Es indudable que Chiapas requiere de una solución tan de fondo, como es la de reconstruirse desde sus mismos cimientos; de renovar completamente las relaciones de su sociedad, entre sus diversos grupos y con el gobierno; de establecer nuevas reglas para la solución de sus conflictos de intereses; de desterrar para siempre, mediante acciones estructurales, la injusticia social y la discriminación.

Necesita Chiapas de un nuevo acto refundacional y un nuevo pacto social que, rescatando su enorme riqueza cultural e histórica, se proyecte hacia mucho mejores horizontes de desarrollo social y político.

Todos estos propósitos requieren de un acto constituyente originario, basado en un pacto político al que se sumen todas las fuerzas, grupos y organizaciones que viven y comparten Chiapas, con independencia de sus ideologías, sus creencias, sus intereses.

Se trata del renacimiento de Chiapas a través de una profunda acción democrática que quede en manos de los propios chiapanecos.

Este ideal, considerado por algunos como una utopía, lo he plasmado en un documento que de manera formal he entregado al señor presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se estudie y, en su caso, considere.

Con la idea de preservar la probable viabilidad de la propuesta y porque creo que de esa manera apoyo más enfáticamente el proceso de paz es que no la hago hoy del conocimiento de la opinión pública.

VI

Durante cinco meses me consagré por completo a la causa de la paz, en la cual creo como la más completa expresión de los derechos humanos; lo hice de buena fe y con absoluta lealtad al Presidente de México; nunca busqué nada para mí y respeté a mis interlocutores.

Mucho me acongoja no haber obtenido mejores resultados, sobre todo pensando en aquellos que más han sufrido por la guerra; en los indígenas y campesinos que siguen padeciendo la discriminación, la marginación, la pobreza y la flaqueza de la esperanza.

Estoy seguro que la única solución para Chiapas está en la paz; en la paz con verdadera dignidad y justicia, y que los chiapanecos, y con ellos todos los mexicanos, habremos de alcanzarla y no la dejaremos ir nunca más.

 

 

Palabras pronunciadas por Jorge Madrazo Cuéllar, comisionado para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, al anunciar su retiro de este cargo y su regreso a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el día 28 de noviembre de 1994 en la ciudad de México.


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