DISCURSO DE LUIS DONALDO COLOSIO
Denuncia de sucesos acaecidos en el Municipio
de Agua Prieta, estado de Sonora.

Septiembre 18, 1985



Diputado Federal LIII Legislatura

México, D.F., 18 de septiembre de 1985.
Cámara de Diputados.

"Se habla de ilegalidad y la ilegalidad la promueven los propios panistas. Se habla de violencia institucional y ésta la promueve el propio PAN. Cómo si no es así, podemos entender las ofensas y agravios a nuestros símbolos patrios por parte de su candidato al gobierno de Sonora".

Señor Presidente;
Compañeras y compañeros diputados:

El pasado 10 del presente fui nombrado por esta Asamblea, en compañía de otros siete compañeros diputados, para asistir en representación de esta soberanía a la transmisión de poderes en el estado de Sonora. Sin embargo, hago también uso de la palabra en calidad de diputado que soy por el I Distrito Electoral Federal del Estado de Sonora, y vengo a esta tribuna a condenar los reprobables sucesos acaecidos los días 15 y 16 de este mes en el municipio de Agua Prieta, que forma parte del distrito que represento.

Hablo a petición expresa de distintos organismos políticos del municipio de Agua Prieta, como son la Asociación General Plutarco Elías Calles, la Asociación General Leandro Valle, la Asociación de Palmilleros, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Conexos y Similares, la Asociación Mexicana de Ingenieros, el Sindicato de la Industria de la Construcción, la Asociación de Propietarios de Lotes y del Ejido de Agua Prieta.

Compañeros diputados:

Las elecciones federales en el I Distrito Electoral fueron calificadas por la Comisión Federal Electoral y ratificada su legitimidad por el Gobierno Electoral. Tanto la campaña como la elección transcurrieron en forma pacífica. En esta tribuna no hubo partido alguno que fundadamente presentara argumento alguno en contra de la legalidad del proceso electoral; ni la elección federal, ni la elección estatal, ni la elección municipal tuvieron en el I Distrito Electoral de Sonora, sombra de duda en su apego a la legalidad.

Así lo muestra la aceptación de los partidos políticos, los representantes de la prensa nacional y de los testimonios de la prensa extranjera. Sin embargo, los días 15 y 16 del presente mes, cuando la administración saliente, por precepto constitucional, tenía que haber hecho entrega del mando municipal a las nuevas autoridades electas, lejos de hacerlo deliberó una maniobra deliberada de agresión que desembocó en una serie de actos vandálicos, que condujeron a la quema del Palacio Municipal, de los archivos que constituyen la historia, de cómo se administraron los recursos y la agresión de las personas y familias de las nuevas autoridades.

Estos son los hechos. En la madrugada del día 16 de septiembre, encontrándose en el interior del Palacio Municipal el señor Leonardo Yáñez, ex presidente municipal panista y su cabildo, cerca de 200 personas impidieron la entrada al presidente municipal electo, señor Benito Meza Ortiz, y la transferencia pacífica de los poderes a quien legalmente le corresponde.

Al presentarse la imposibilidad física y ante la negativa de la administración saliente para facilitar la toma de posesión de las nuevas autoridades, éstas se retiraron del lugar pacíficamente incitados por el presidente municipal saliente y otros representantes estatales y nacionales del Partido Acción Nacional, como el arquitecto Eduardo Corella Manzanilla, presidente del Comité Municipal del PAN; el ingeniero Carlos Munguía Encinas, ex candidato a la presidencia municipal del PAN en Sonora; las 200 personas iniciaron una serie de actos vandálicos que condujeron a la quema de cuatro patrullas, cinco automóviles particulares, la destrucción de los archivos de la Tesorería Municipal, de la Presidencia, de la Sindicatura, del Juzgado y del Registro Civil.

No conformes con ello, al enterarse que la toma de protesta del nuevo presidente municipal se realizaría en las oficinas de la Agencia Fiscal de Agua Prieta, acudieron a ella con la intención de agredir físicamente a las personas que allí se encontraban.

Frente al fracaso de agredir a las autoridades municipales legalmente constituidas, destruyeron las oficinas de la Agencia Fiscal, procedieron a la quema total del Palacio Municipal e impidieron la acción de los bomberos que trataban de contener las llamas.

Con la intervención de la fuerza pública se logró dispersar a los grupos de vándalos y detener a 18 personas que encabezaban los actos de agresión comprobándose que su procedencia es fuera del municipio de Agua Prieta e incluso del Estado de Sonora, procedencia principalmente de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El día 17 de septiembre el licenciado Carlos Amaya Rivera, Presidente Regional de PAN en Sonora, manifestó a la prensa sonorense que constaba en diarios de la ciudad de Douglas, Arizona, que el PAN había desautorizado cualquier acto de violencia que pudiera realizarse durante el día 16, fecha de la transferencia legal de los poderes municipales.

De nueva cuenta el señor Carlos Amaya pudo prever actos de violencia que aún no se habían suscitado, prevenir de ellos a la prensa extranjera y acusar al Gobierno Federal de provocarlos.

¿Cómo explicar estos hechos? ¿Cuál es el sustento que tienen para producirse? Agua Prieta había sido gobernado hasta hace dos días por administraciones pertenecientes al PAN, este partido ha pretendido presentarse con la bandera de la ley, la democracia y la honestidad; ha pretendido cuestionar la legitimidad que asiste al PRI en el ejercicio del poder con el argumento de que éste se sostiene por medios ilegales.

Hoy tenemos en Agua Prieta un ejemplo de cómo el PAN entiende la legalidad y la democracia, de cómo es incapaz de someter a la prueba de la opinión pública la forma en que dirigió a la administración municipal por espacio de seis años.

En Agua Prieta estamos ante un caso desesperado que busca borrar la memoria administrativa de sus acciones con métodos ilegales o estamos frente a una táctica nacional del PAN para poner en entredicho la vigencia de las instituciones nacionales y desacreditar en lo interno y frente al exterior la convivencia democrática bajo la cual vivimos los mexicanos.

Uno quisiera pensar, por el respeto que tiene el PRI por los demás partidos políticos de México, que se trata de la miopía política de quien no pudo dar solución a los problemas más urgentes del municipio de Agua Prieta como es el caso de Leonardo Yáñez, ex presidente municipal panista, quien sumó a su ineptitud el rechazo de la población por el retroceso en que sumió al municipio.

Quisiéramos pensar que ante la impotencia de la impopularidad, él - de motu propio - respondió con violencia deliberada. Sin embargo, la evidencia de varios hechos está a la vista:

Primero. La presencia de los dirigentes estatales y nacionales del Partido Acción Nacional en Agua Prieta, encabezados por Norberto Corella, los días 13, 14, 15 y 16 de este mes.

Segundo. El uso de tácticas profesionales en los sucesos violentos del 16 en Agua Prieta, conducidos por dirigentes del PAN, y ejecutados por grupos ajenos al municipio y al Estado de Sonora.

Tercero. No hay que olvidar que la prensa sonorense desenmascaró el Plan Madero, fallida estrategia de la dirigencia nacional del PAN, para desestabilizar el Estado en las elecciones del 7 de julio y que los hechos ocurridos el 16, corresponden a esa estrategia.

Cuarto. Una táctica de legitimación y rechazo a las instituciones nacionales del PAN, que se manifestó con actos que fueron avalados con la presencia del dirigente nacional del PAN, ingeniero Pablo Emilio Madero, el día 13 de septiembre en Sonora.

La misma táctica se ha seguido en otras partes de la República cono Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Puebla.

Se habla de la ilegalidad y la ilegalidad la promueven los propios panistas. Se habla de violencia institucional y ésta la promueve el propio PAN. Cómo si no es así, podemos entender las ofensas y agravios a nuestros símbolos patrios por parte de su candidato al gobierno de Sonora. Cómo si no es así, podemos entender las constantes convocatorias en las que el PAN llama a la desobediencia civil en Sonora, incitados por su dirigente nacional Pablo Emilio Madero.

¿Qué autoridad moral puede tener un partido que exige legalidad si en aquellos lugares donde ellos gobiernan no sólo violan, sino que la anulan promoviendo la violencia? ¿Qué se puede esperar de un partido que dice tener vocación de libertad y anhelos de verdadera vida democrática, cuando por medio del enfrentamiento buscan cancelar las decisiones de la voluntad popular? ¿Cómo puede un partido promover la conciencia cívica y de participación ciudadana a punta de garrotes y pistolas?

¿Cómo puede un partido político exigir respeto cuando lo que no consigue en las urnas lo trata de arrebatar con acciones bárbaras? ¿Cómo puede un partido reivindicar la acción nacional cuando es incapaz de convencer, de presentar a la nación un programa político serio y responsable, y sí en cambio dar muestras de los intereses de México, su Constitución y sus leyes sólo les sirven para ser francotiradores de errores, y cuando ellos los cometen de inmediato buscan la aureola protectora del exilio acogidos a otro país y otras leyes.

Los sucesos de Agua Prieta son una clara manifestación de incapacidad política; ahí como en otros municipios de nuestro Estado, se ha usado la violencia como arma política.

Esto es inaceptable en un país de instituciones y orden jurídico como el nuestro.

Al pueblo de Sonora y de Agua Prieta se le convence con programas, con acciones decisivas para fortalecer su desarrollo. El pueblo de Sonora acude a convocatorias de trabajo, de unidad, no a convocatorias de actos espectaculares, publicitarios y de actitudes iluminadas que buscan comparaciones externas cuando no tienen para encontrar en nuestra historia ejemplos de heroísmo como es el caso de Adalberto Rosas.

El Partido Acción Nacional tiene la palabra; o es un partido provocador que obedece a una nueva actitud de su dirigencia nacional, violento y desestabilizador, que auspicia a la acción irresponsable y al margen de la ley, o es un partido que ha dado cabida en Sonora a grupos que son incapaces de asumir con responsabilidad la acción política que nuestro país demanda en estos momentos.

Casos como el de Agua Prieta no pueden ni deben repetirse. Mantener vigente la ley y el estado de derecho, es responsabilidad de todos, no se puede pretender ser un partido de acción para el beneficio de las mayorías cuando la fuerza de la minoría trata de imponerse con violencia. No se puede tener una presencia nacional y a la vez cobijar en su seno actitudes vandálicas y antinacionales.

No estamos dispuestos a caer en la trampa de la provocación, pero tampoco estamos dispuestos a que se lleve a este país a la anarquía y al vandalismo, porque perderíamos así el producto de las luchas políticas y sociales del pueblo de México.

Muchas gracias.