LEY GENERAL SOBRE LIBERTADES MUNICIPALES
Septiembre 15, 1916

El C. General Emiliano Zapata, jefe Supremo de la Revolución de la República, a sus habitantes hago saber:

Considerando que la libertad municipal es la primera y más importante de las instituciones democráticas, toda vez que nada hay más natural y respetable que el derecho que tienen los vecinos de un centro cualquiera de población, para arreglar por sí mismos los asuntos de la vida común y para resolver lo que mejor convenga a los intereses y necesidades de la localidad.

Considerando que los pasados dictadores ahogaron la independencia de los municipios, sometiéndolos a la férrea dictadura de los Gobernadores y jefes Políticos, que sólo atendían a enriquecerse a costa de los pueblos y sin dejar a los municipios ni la libertad de acción, ni los recursos pecuniarios que les permitieran llevar una vida propia y atender eficazmente a las necesidades y progresos del vecindario.

Considerando que entre las principales promesas de la Revolución figuran las de la supresión de las jefaturas políticas y el consiguiente reconocimiento de los fueros y libertades comunales.

Considerando que la libertad municipal resulta irrisoria, si no se concede a los vecinos la debida participación en la solución y arreglo de los principales asuntos de la localidad; pues de no ser así y de no estar vigilados y controlados los Ayuntamientos, se logrará únicamente el establecimiento de un nuevo despotismo, el de los munícipes y regidores identificados o manejados por los caciques de los pueblos, que no vendrían a reemplazar a los antiguos jefes políticos; y por eso conviene, para evitar abusos y negocios escandalosos o tráficos inmorales, someter a la aprobación de todos los vecinos los negocios más importantes de la existencia comunal, tales como enajenación de fincas, aprobación de sueldos, celebración de contratos sobre alumbrados, pavimentación, captación o conducción de aguas y demás servicios públicos.

Considerando que el derecho concedido a los vecinos de una población para destituir a un Ayuntamiento o a los regidores que falten a sus deberes, así como la facultad otorgada a un grupo competente de ciudadanos, para elegir a aquellas autoridades que rindan cuentas ante la junta general de los habitantes del municipio; son garantías que conviene establecer para precaverse contra el mal manejo de los funcionarios municipales.

Por estas consideraciones, he creado necesario expedir el decreto que sigue:

Art. 1o. Se declara emancipados de toda tutela gubernativa, los diversos municipios de la República, tanto en lo relativo a su administración interior como en lo que concierne al ramo económico u hacendario.

Art. 2o. En consecuencia, cada municipio gozará de absoluta libertad para proveer las necesidades locales y para expedir los reglamentos, bandos y disposiciones que juzgue necesarias para su régimen interior.

Art. 3o. La legislación municipal a que se refiere el artículo precedente, será revisada por el Consejo de Gobierno del Estado respectivo una vez establecido el orden constitucional, para el solo efecto de que sean retirados aquellos preceptos que se opongan a lo dispuesto por las leyes federales o por los particulares del Estado.

Art. 4o. El Consejo de Gobierno o la Legislatura en su caso, podrán hacer observaciones a las autoridades municipales, acerca de aquellos puntos de los bandos o reglamentos ,que en su concepto sean contrarios al bien público o al interés de la localidad. La corporación municipal respectiva estudiará estas observaciones y resolverá con entera libertad lo que crea conveniente.

Art. 5o. El municipio estará representado y regido por un Ayuntamiento o corporación municipal electo popularmente, en el concepto de que la elección será directa y en ella tomarán parte todos los ciudadanos que tengan el carácter de domiciliados.

Art. 6o. Los funcionarios municipales durarán un año en el ejercicio de su encargo y no podrán ser reelectos, sino transcurridos dos años después de aquel en que desempeñen sus funciones.

Art. 7o. Las sesiones de los Ayuntamientos serán enteramente públicas.

Art. 8o. La corporación municipal deberá someter el estudio y la rectificación de los asuntos que enseguida se expresan a la junta general de todos los vecinos del municipio celebrada en la forma que adelante se explica:

I. Aprobación del presupuesto de gastos para cada año fiscal.

II. Enajenación o adquisición de fincas por parte del municipio.

III. Celebración de contratos con otras autoridades o con particulares, para proveer a las necesidades de la municipalidad, sea que se trate de abastecimiento de aguas, alumbrado, saneamiento, compra de útiles o efectos para establecimientos públicos, o de otra clase de contrataciones.

IV. Aprobación de los empréstitos que para arbitrarse fondos tenga que celebrar el municipio, en casos extraordinarios.

Art. 9o. La junta de vecinos de que habla el artículo anterior, será convocada por bando solemne y además por la prensa, presididas por la mesa directiva que nombren los ciudadanos que a ella concurran. Las discusiones serán enteramente libres, y las determinaciones se tomarán por escrutinio secreto y por mayoría de votos; a dichas juntas sólo podrán concurrir los vecinos que tengan el carácter de ciudadanos.

Art. 10o. Si convocada la junta en la forma indicada, no se reúne un número de vecinos que iguale o exceda el diez por ciento del total de los ciudadanos empadronados, se citará a nueva junta, también por bando solemne y por medio de la prensa, y en ella se discutirán y resolverán los puntos de que se trate, con la asistencia de los vecinos que concurran.

Art. 11o. Los munícipes aisladamente, o los Ayuntamientos en masa, podrán ser destituidos a solicitud del número de vecinos que fija el artículo siguiente, si así lo acuerda el vecindario en junta general celebrada en los términos marcados por los dos artículos anteriores, por el voto de la mayoría de los ciudadanos allí reunidos.

Art. 12o. Para que se dé curso a la solicitud de destitución, es necesario que sea presentada por veinticinco o más vecinos, si la población del municipio es inferior a mil habitantes; por cincuenta o más vecinos si la población pasa de mil habitantes sin llegar a cinco mil; de 100 o más si la población es de cinco mil habitantes o mayor, sin llegar a diez; por ciento cincuenta o más, si se trata de ciudades cuyo censo arroje de diez mil habitantes para arriba sin llegar a veinte mil y cincuenta mil habitantes, por trescientos vecinos si la población pasa de cincuenta mil habitantes sin llegar a cien mil; y por cuatrocientos vecinos si la población es de cien mil habitantes o pasa de esta cifra.

Art. 13o. El mismo número de vecinos que para cada población fija el artículo anterior, podrá ejercitar los siguientes derechos.

I. Exigir del Ayuntamiento respectivo, que rindan cuentas de toda su administración o de su ramo o de un asunto determinado ante la Junta General de vecinos que establecen los artículos 9 y 10, y dicha junta por mayoría de votos aprobará o rechazará las cuentas respectivas, previo análisis.

II. Hacer que se reúna la junta a solicitud del vecindario, en la forma expresada para cualquiera de los siguientes objetos: una solicitud de nuevas escuelas o mejoras en la dotación o en el personal de las ya existentes, apertura o reparación de caminos o ejecución de alguna obra de utilidad o necesidad para el vecindario. En la junta respectiva se fijará el monto de la suma que en cada caso se invierte, y se votarán los nuevos impuestos o subsidios que fueren precisos.

Art. 14o. Las solicitudes de convocatoria para las juntas indicadas en los artículos anteriores, deberán ser representadas ante el Consejo de Gobierno del Estado respectivo, ante la legislatura durante el período Constitucional, y estas corporaciones les darán desde luego cabida y harán la convocatoria, sin más trámite que el de cerciorarse de que se cumpla con el requisito que marca el Artículo 13.

Art. 15o. En cualquiera de los casos previstos por los artículos anteriores, la junta concejil, consignará al Ayuntamiento o al municipio responsable ante la autoridad que deba juzgarlo, si parece que se trata de la comisión de un delito.

Art. 16o. Para realizar de un modo efectivo la emancipación municipal en el terreno económico, las legislaciones locales cuidarán de dejar a los municipios para la imposición de sus contribuciones, una esfera de acción más amplia que las que hoy les está reservada, y en todo caso, los (ilegible) se abstendrán de gravar el ramo de abarrotes y en general el comercio relativo a artículos de primera necesidad, a fin de que dichos giros sean una de las bases principales para el sistema financiero de los municipios.

Art. 17o. Para los efectos del artículo que precede, la legislación de cada Entidad Federativa fijará con precisión los impuestos que en la percepción se reserva el Fisco del Estado respectivo, a fin de que se deje a los municipios amplitud suficiente a su régimen fiscal y de que puedan decretar con toda libertad.

Art. 18o. Con los fondos municipales, deberán establecerse el mayor número de escuelas primarias, que estarán a cargo de los Ayuntamientos respectivos sin perjuicio de las que en la misma jurisdicción establezcan la Federación y el Gobierno del Estado.

Artículos Transitorios:

I. Esta Ley regirá desde luego en la zona dominada actualmente por la Revolución y entrará en vigor inmediatamente después de la entrada de las fuerzas libertadoras, en los lugares que éstas vayan en lo sucesivo ocupando.

II. En consecuencia, los pueblos que no tengan autoridades municipales electas popularmente, procederán desde luego a nombrarlas, debiendo otorgar los jefes militares todas las garantías que aseguren la libertad de elección.

III. Esta ley permanecerá en vigor hasta que, una vez alcanzado el absoluto triunfo de la Revolución, e instalado debidamente el Congreso General, dicte éste la ley Orgánica sobre el Municipio Libre de conformidad con la reforma constitucional respectiva.

IV. Las funciones que el artículo 14 de esta Ley encomienda al Consejo de Gobierno o a la Legislatura del Estado respectiva, quedan confiadas por ahora al Cuartel General de la Revolución, y por lo mismo éste será el que reciba y despache las solicitudes, de convocatoria a que se refiere el mismo artículo.

Por lo tanto, mando se publique, y se le dé el debido cumplimiento.

REFORMA, LIBERTAD, JUSTICIA Y LEY.

Dado en el Cuartel General de la Revolución en Tlaltizapán, Mor., a los quince días del mes de septiembre de mil novecientos diez y seis.

El General en jefe del Ejército Libertador, Emiliano Zapata.

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Fuente:

Laura Espejel, Alicia Olivera y Salvador Rueda. Emiliano Zapata. Antología.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM),
México, 1988. P. 352-356. (Emiliano Zapata, Derechos y Obligaciones
de los Pueblos
, México, PRI, s.f.)