LEY RELATIVA A LOS REPRESENTANTES DE LOS
PUEBLOS EN MATERIA AGRARIA
Febrero 3, 1917

EL GENERAL EMILIANO ZAPATA, JEFE SUPREMO DE LA REVOLUCION
A LOS HABITANTES DE LA REPUBLICA HACE SABER:

Considerando que: es de urgente necesidad el establecimiento de una autoridad especial, con facultades y obligaciones bien definidas, para que se encargue única y exclusivamente de representar y defender los derechos de los pueblos en asuntos de tierras, montes y aguas.

Considerando que: si bien algunos pueblos desde tiempo inmemorial han acostumbrado nombrar su representante para esas cuestiones, nunca hubo una ley que determine y haga respetar las facultades de esos representantes, por lo que estos se han visto con frecuencia burlados o bien sus atribuciones invadidas por los ayuntamientos o estorbada en fin su acción por toda clase de autoridades.

Considerando que: así como hay que conceder amplia personalidad a esos representantes, es preciso evitar que ellos abusen de las facultades que se les confieren, como en épocas pasadas lo hicieron constantemente los ayuntamientos, vendiendo indebidamente los terrenos y propiedades comunales, sea estableciendo distinciones odiosas entre los vecinos, o bien celebrando contratos ruinosos para los intereses del municipio.

Considerando que: los abusos más comunes consistían en otorgar a los vecinos más influyentes, o a poderosos contratistas el privilegio de explotar grandes extensiones de terrenos de monte o pasto, y para evitar que en lo futuro se registren casos análogos, es preciso conceder al vecindario la intervención que de hecho le corresponde en esos contratos, sometiéndolos a su aprobación y ratificación con lo cual se apartará el peligro de que sus representantes sean sobornados por los particulares o por las compañías interesadas en la explotación, y se conseguirá a la vez que los pueblos obtengan utilidades muchas veces cuantiosas por medio del arrendamiento de aquellos terrenos o montes que no sean necesarios para las atenciones comunales, y que resulten sobrantes después de hecho entre los vecinos el reparto de lotes de conformidad con el Plan de Ayala y la Ley Agraria expedida por el Ministerio del ramo.

Considerando que: respecto a los terrenos de labor hay que hacer la salvedad, de que si bien conviene arrendar a los vecinos o personas extrañas los que sobren, una vez hecho el reparto de lotes, debe evitarse que esos arrendamientos abarquen grandes extensiones, lo que sería contrario al espíritu de la revolución que tiende a suprimir el acaparamiento de tierras; por lo cual debe establecerse que si un extraño quiere explotar parte de esos terrenos sobrantes o un vecino desea cultivar más del lote que por derecho le corresponde, en otra porción de terreno podrá hacerlo mediante el pago de la renta respectiva, siempre que en el terreno que se les permita cultivar no exceda de cuatro lotes iguales a los que reparten a las familias campesinas conforme a la ley agraria.

Considerando que: en previsión del caso de que los representantes de un pueblo que no se conduzcan con la debida equidad u honradez en el desempeño de sus funciones, hay que conceder al vecindario el derecho de destituirlos para que no sigan causando daños a la comunidad.

Por todas esas consideraciones, he creído necesario expedir el siguiente decreto:

Artículo primero. Todos los pueblos de la república cualquiera que sea la categoría de ellos, procederán a nombrar a sus representantes para las cuestiones de tierras, montes y aguas, en el concepto de que aquellos deberán ser dos por lo menos.

Artículo segundo. Los nombramientos serán hechos por todos los vecinos del pueblo de la localidad que tengan el carácter de ciudadanos y las elecciones serán directas en todo caso.

Artículo tercero. Las elecciones serán convocadas por los actuales representantes y a falta de estos, por la autoridad respectiva. En las elecciones subsecuentes la convocatoria será hecha precisamente por los representantes.

Artículo cuarto. Las elecciones se verificarán el primero de diciembre de cada año y los representantes electos tomarán posesión de sus cargos el primero de enero del año siguiente, siendo la duración del periodo hacia el treinta y uno de diciembre del mismo año.

Artículo quinto. Los representantes podrán ser reelectos pasados dos periodos.

Artículo sexto. El cargo de representante será gratuito y honorífico.

Artículo séptimo. Para ser representante se requiere: Ser mayor de veinticuatro años, ser notoriamente honrado, ser nativo del lugar, estar avecindado en él por espacio de cinco años por lo menos.

Artículo octavo. Los deberes de los representantes son los siguientes:

I. Cuidar bajo su más estricta responsabilidad de los planos y títulos de ejido; cuidar de los terrenos del pueblo; cuidar del fundo legal; de los terrenos de monteo pasto; de los terrenos de labor que resulten sobrantes después de hecho entre los vecinos el reparto de los lotes de que habla la ley agraria.

II. Cuidar de la conservación y explotación de los pertenecientes al pueblo.

III. Concertar la explotación de los terrenos de monte y pasto incluyendo los terrenos que el pueblo se reserve para los usos comunales.

IV. Arrendar a los vecinos o a personas extrañas; los lotes de terreno de labor que resulten sobrantes después de hecho entre los vecinos el reparto de lotes a que se refiere la ley agraria.

Los contratos de que hablan los dos incisos anteriores, tendrán que ser aprobados y ratificados por el pueblo para que surtan sus efectos.

Los terrenos de labor sobrantes que posea el pueblo y que, cita el presente inciso, podrán ser alquilados, siempre que la parte de terreno que solicita una sola persona no exceda de cuatro lotes de labor iguales a los que correspondan a cada labrador en el reparto respectivo.

V. Proteger a los agricultores, cuando las autoridades civiles o militares, en contravención de los principios revolucionarios, exijan el pago de rentas por los lotes o parcelas que la revolución ceda o restituya a los campesinos.

VI. Impedir que uno o más vecinos del pueblo se aprovechen exclusivamente de la explotación de grandes extensiones de terrenos de monte o pasto, con perjuicio del resto del vecindario, pues los terrenos referidos deben ser aprovechados por todos los vecinos de la localidad, salvo el caso de que el pueblo por medio de los representantes, contrate o arregle la explotación o el alquiler de una parte de esos terrenos, previa reserva de los que el pueblo necesite para los fines comunales de corte de leña, manutención de ganados y aprovechamiento de maderas para la construcción de casas. Al efecto deberá cumplirse el requisito de ratificación por el pueblo, a que se refiere el inciso cuarto.

VII. Cuidar de que los productos que se obtengan de la explotación de los terrenos de monte o pasto o los sobrantes de labor se aprovechen de preferencia en la instrucción pública.

Artículo noveno. Los representantes podrán ser destituidos por acuerdo de la mayoría del vecindario.

Para llevar a cabo la destitución, el mismo pueblo será convocado debidamente y nombrará al efecto una mesa directiva, bajo cuya presidencia procederá a la destitución de dichos mandatarios y a la elección de los sustitutos.

Artículo décimo. Cuando las responsabilidades que resulten contra los representantes, ameriten penas mayores que la de destitución, se les consignará ante las autoridades respectivas para que depuren su conducta.

Artículo undécimo. Este decreto surtirá sus efectos desde la fecha de su publicación.

Por tanto mando se publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Dado en el Cuartel General en Tlaltizapán, Mor. 3 febrero, 1917.

El General en jefe
Emiliano Zapata [Rúbrica]

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Fuente:

Laura Espejel, Alicia Olivera y Salvador Rueda. Emiliano Zapata. Antología.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM),
México, 1988. P. 369-372. (AGN, Fondo Genovevo de la O, Caja 19, Exp. 6, f. 54.)