¿EJIDATARIOS O
COMUNEROS?
LOS PROYECTOS DE
RESTITUCIÓN DE LAS
TIERRAS Y AGUAS
COMUNALES EN EL
ESTADO DE MÉXICO,
1914 - 1915.

Por Diana Birrichaga Gardida.


Extractos:

    En agosto de 1914 los revolucionarios constitucionalistas ocuparon la ciudad de México con base en los acuerdos establecidos en los Tratados de Teoloyucan.

    Venustiano Carranza nombró a Francisco Murguía gobernador del Estado de México.

    Los grupos zapatistas rechazaron el nombramiento, por lo que el 11 de diciembre de 1914 el general zapatista Francisco V. Pacheco, con el aval de la Soberana Convención Revolucionaria, designó a Gustavo Baz gobernador provisional del estado.

    Días después, el 15 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata expidió un decreto revolucionario que señalaba que los campesinos podían acudir ante las autoridades para promover solicitudes de restitución de sus tierras, aguas y montes al amparo del Plan de Ayala.

    Quizá siguiendo la idea de lograr una reforma agraria para los pueblos, el gobierno asentado en la ciudad de México publicó la Ley de Ejidos (6 de enero de 1915).

    Con este sucinto contexto podemos pensar que esas disposiciones permiten estudiar la ruptura del paradigma de la memoria histórica de los pueblos en la defensa de su territorio.

    En el periodo de 1914 a 1915 algunas comunidades en el Estado de México realizaron diversas solicitudes de restitución de sus tierras y aguas comunales ante el gobierno de la Soberana Convención Revolucionaria, encabezado por Gustavo Baz.

    Esta práctica retomaba el mecanismo de un amparo de posesión judicial que el régimen porfiriano había limitado con medidas coercitivas, en un afán de modificar la naturaleza de los derechos de propiedad en México.

    Joseph y Nugent (2002) han definido cómo en el nivel local existían acuerdos y negociaciones entre las comunidades, los hacendados y las autoridades.

    En este trabajo analizo la manera en que ambos proyectos (el zapatista y el constitucionalista) fueron considerados y utilizados por los campesinos para recuperar sus bienes comunales.

    En particular, me interesa explicar cómo la Ley de Desamortización del 25 de junio de 1856 introdujo nuevas interpretaciones en los procesos de conflicto y negociación entre pueblos y haciendas.

    A su vez, el análisis del movimiento agrario revolucionario de Emiliano Zapata permite entender que si bien la base fundamental de la reforma liberal de 1856 fue la adjudicación de bienes raíces de las corporaciones a los arrendatarios, los pueblos mantuvieron territorios, es decir, el fundo legal.

     

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Fuente:


Diana Birrichaga Gardida.
"¿Ejidatarios o comuneros? Los proyectos
de restitución de las tierras y aguas comunales
en el Estado de México, 1914 - 1915", en
México y sus transiciones: reconsideraciones
sobre la historia agraria mexicana.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social. México, primera edición
electrónica 2013. Páginas 321 a 356.