LA QUERELLA POR
LA TIERRA Y EL AGUA
EN EL ESTADO DE
MORELOS
POSREVOLUCIONARIO.

Por Aura Hernández Hernández.


Extracto:

    Los habitantes del Estado de Morelos constituyeron uno de esos grupos sociales que en sus alegatos por la restitución de sus tierras, esgrimían argumentos en los que pedían, no la concesión graciosa del Estado, sino que ponían por delante un derecho ancestral, un derecho casi natural como dueños de las tierras desde tiempos inmemoriales.

    Los campesinos despojados, planteaban no sólo la realidad de su vida miserable como argumento para obtener las tierras, sino también su legítimo derecho como titulares del territorio.

    Algunos escritos y argumentos para la defensa de las tierras tenían que ver con la relación cotidiana de los pobladores, pues muchos escritos del siglo XIX y XX por la defensa de la tierra se sustentaban en la presentación de testigos, que por lo general avalaban la posesión o propiedad de la tierra de los campesinos litigantes.

    Durante cientos de años, los campesinos de Morelos fueron despojados de su territorio por los emisarios de la Corona española y después por la hacienda con tanta eficacia, que ya en el siglo XIX el territorio de los pueblos se circunscribía casi exclusivamente a los fundos legales delimitados por la autoridad virreinal.

    La población crecía y la tierra y el agua escaseaban.

    Muchos pueblos desaparecieron, pero otros persistieron poniéndole límites a la hacienda, sobre todo en el oriente de Morelos.

    Por ello, el presente trabajo intenta mostrar de qué manera en la mentalidad de los pueblos persistía, aún 400 años después de la Conquista, la idea de la legítima posesión de tierras y aguas, derivada tanto de su calidad de habitantes originarios como de su naturaleza de desheredados.

    Estos argumentos fueron recogidos en los litigios por la tierra y por el agua que se suscitaron entre pueblos y haciendas en el Morelos posrevolucionario, los gobiernos de la Revolución prefirieron hacer obras de caridad que implementar las acciones reivindicatorias de la restitución que le permitían sus herramientas legales.

    En este trabajo, también se busca mostrar cómo el Estado mexicano, pues así lo evidencian las resoluciones agrarias de la época, no estaba dispuesto a reconocer a los pueblos esos derechos de posesión originarios, sino que prefirió establecer con los peticionarios de restitución de tierras, una relación clientelar que les permitiera mantener el control no sólo político sino también económico.

    De modo que, salvo en el caso del periodo cardenista, el Estado mexicano no dio importancia a las exigencias de restitución que hacían los pueblos, sino que les concedió, como en la época colonial, únicamente el usufructo de las tierras propiedad del Estado, del tal manera que en la teoría y en la práctica el Estado revolucionario ejerció un reparto agrario patrimonialista.

    Aún más, al triunfo de la facción obregonista en 1920 cuando, en palabras de Womack, "los zapatistas heredaron Morelos", el Estado no reconoció el reparto realizado por Emiliano Zapata entre los pueblos de Morelos, pues hacerlo equivalía a legitimar "acciones fuera de la ley", a contracorriente del mandato del zapatismo planteado en el Plan de Ayala, de entrar en posesión de las tierras "desde luego", es decir, sin mediación legal.

    Pues de acuerdo con los preceptos de la cultura zapatista, los combatientes contaban con la legitimidad que le otorgaba su condición de poseedores originarios del territorio.

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Fuente:


Aura Hernández Hernández.
"La querella por la tierra y el agua en
el Estado de Morelos posrevolucionario", en
Historia Judicial Mexicana: La Propiedad.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
México, 2009. Páginas 77 a 125.